Cabezas con precio

En profundidad, Estrategias

@javiermayorca

En el fragor por la retoma del control en la Cota 905, La Vega y El Valle, el ministerio de Relaciones Interiores ofreció medio millón de dólares en recompensa por Carlos Luis Revette, alias Koki, señalado líder de la principal banda de esos sectores, e igual cantidad por sus colaboradores más cercanos, Garbis Ochoa y Carlos Calderón (Vampi).
La información corría de manera oficiosa desde días atrás. De hecho, la primera oferta fue conocida el 16 de junio, y apuntó hacia el jefe de la principal banda de La Vega, Yorfren Javier Guédez (Mayeya). Por este individuo el Ejecutivo ofreció cien mil dólares.
En un principio, esto parecía un capítulo más en la batalla de fake news e incertidumbre que rodeó todo este proceso. Hasta que, el 8 de julio, es decir tres semanas después, los medios del régimen comenzaron a divulgar lo que se ofrecía por los jefes de cada organización y sus principales lugartenientes. No solo fueron los cuatro ya referidos. En esta galería incorporaron a Romer Ordaz y Gionel Trejo, con recompensas de 50 mil dólares, y más abajo Oswaldo René Velásquez, apodado Rocky, por el que pusieron sobre la mesa 20 mil dólares. Lo mismo que Franyerson Rivero, José Luis Paredes, Iván Carlos Pérez y otros.
Según el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ex consultor jurídico de la Presidencia, Román José Duque Corredor, no existe un precedente al respecto en la historia reciente del país. Ni siquiera en la época de la lucha contra la guerrilla urbana. Por lo tanto, en este caso son más los cuestionamientos que las respuestas.
En primer lugar, cabe preguntarse cuáles son los términos del contrato planteado por el gobierno venezolano. En Estados Unidos, por ejemplo, las sumas son ofrecidas a cambio de “información que conduzca al arresto y/o la condena”, de determinado individuo. En principio, ese dato crucial debe ser transmitido a la autoridad o despacho que adelanta las investigaciones. En cambio, aquí divulgaron las fotos de los supuestos delincuentes con sus nombres; más abajo los respectivos sobrenombres, luego el calificativo de “asesino”, y finalmente el monto de cada recompensa. Para rematar, colocaron el número de una central (911). Esto hace suponer que el poseedor de la información debe llamar a ese número, donde una operadora anónima, generalmente un funcionario mal pagado de la Policía Nacional, tomará debida nota. Basta con imaginarse la situación para concluir que difícilmente podrá concretarse.
“Estas ofertas no tienen soporte legal ni presupuestario”, afirmó el ex magistrado.
Como el Ejecutivo no ha emitido una regulación en torno al tema de las recompensas, existe la posibilidad de que alguien interprete en esos mensajes una exhortación implícita del sector oficial para que maten a Revette o a cualquiera de sus allegados, con el propósito de hacerse de la suma ofrecida.
“Hasta ahora, en Venezuela no existía la posibilidad de cometer delitos para ser premiados. No hay un principio constitucional que permita cometer un delito en atención a una oferta de recompensa”, advirtió.

El plan de la MUD

La primera vez que se propuso en el país la instauración de un sistema de recompensas por “los más buscados” fue durante la campaña presidencial de Enrique Capriles, abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2012.
En esa oportunidad, un equipo de asesores del ex gobernador de Miranda planteó que se elaborara un listado de individuos “contumaces”, es decir, que no se hayan puesto a derecho o que hayan escapado de sus centros de reclusión. En esa misma lista debían figurar los supuestos perpetradores de delitos atroces, que no hayan sido plenamente identificados o ubicados.
Poco a poco, el gobierno de Maduro fue apropiándose de estas ideas. Durante la gestión del general Néstor Reverol en Relaciones Interiores, fue activado el portal de los más buscados. Ahora, les pusieron precios.
“Pero estas recompensas no pueden ser fijadas por mera convicción, sino que se deben precisar los montos en atención al daño social ocasionado”, explicó el abogado Fermín Mármol, quien participó en el grupo de asesores que elaboró el plan de la MUD en materia de seguridad.
Según este abogado y docente el Gobierno no podía poner dinero sobre la mesa por estos antisociales sin antes elaborar un reglamento.
Esa norma no solo fijaría los criterios para establecer los montos a ofrecer por cada sujeto. Mármol indicó que también es necesario regular con claridad cómo se harán los pagos (¿efectivo, transferencia bancaria, carnet de la Patria, bolívares a la tasa del BCV o del mercado libre?), cuáles serían las normas de confidencialidad, e incluso si sería posible la designación de un apoderado judicial para recibir las recompensas.
“Al no tener resueltas estas inquietudes, la probabilidad de éxito de este plan es baja. Esto requiere de mucha certidumbre, y al no haberla me temo que muchos desconfiarán”, señaló.
Tanto Mármol como Duque Corredor indicaron que el Ejecutivo podrá echar mano de los recursos asignados a Gastos de Seguridad y Defensa, mejor conocida como partida secreta, para cumplir su palabra, en caso de que llegue el momento. Sin embargo, Duque Corredor sostuvo que siempre será necesario dejar un “soporte documental” de lo cancelado, ante el riesgo de que surjan reclamos sobre quién suministró el dato clave para la captura.
Las ofertas de recompensa, además, llevan un mensaje implícito: el Gobierno admite su incapacidad para capturar y poner a derecho a determinado individuo, y busca ayuda en la ciudadanía. Por esa cooperación, plantea el pago de sumas más o menos atractivas.
Pero, en realidad, estas son ofertas dirigidas al entorno de los sujetos, a quienes tienen acceso a ellos, y eventualmente pueden halar el gatillo o suministrar alguna precisión sobre puntos de reunión, modos de comunicarse, etc. Es muy raro que un ciudadano de bien se beneficie con una recompensa. Con lo que, paradójicamente, se estimulará el delito en aras de combatirlo.