Extorsiones desde internados, un ciclo interminable

Criminalidad

El 5 de diciembre, efectivos del Comando Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional apresaron en Barcelona (Anzoátegui) a Merys Salazar, de 24 años de edad, señalada de ser la persona que prestaba su cuenta bancaria para recibir los pagos de extorsiones efectuadas por una banda que opera en oriente del país. De acuerdo con el parte correspondiente, las experticias de telefonía indicaron que ella supuestamente mantenía contacto con reos del internado judicial de Monagas, mejor conocido como La Pica. Desde allí emanaban las llamadas mediante las cuales amenazaban a profesionales independientes y comerciantes en el oriente venezolano. En Venezuela, una legislación vigente permitiría ejercer mecanismos de control sobre las llamadas que entran y salen de todos los centros de detención. Sin embargo, hay lugares en los que estos mecanismos no son aplicados por las autoridades. La cárcel de Maturín es uno de ellos. Pero no es el único. Este año los militares han instruido casos similares al relatado aquí, en los que los mensajes amenazantes surgieron de Puente Ayala (Barcelona) y Uribana (Lara). Desde esta última, intentaron generar miedo entre empresarios diciendo que la llamada era hecha por un comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante tales situaciones, los investigadores se encuentran prácticamente atados de manos. En un caso conocido este año solicitaron al Ministerio Público que ordenara la anulación de la línea usada para extorsionar. Pero este es un paño tibio. El delito regresa con apenas un cambio de chip.