Guerrero y terrorista

En profundidad

El 23 de septiembre, la oficina de Interpol-Caracas envió a las sucursales de esta organización en todo el mundo una solicitud de búsqueda y captura en contra del líder del Tren de Aragua, Héctor Rustherford Guerrero Flores.
Para ese momento, habían transcurrido 72 horas desde la intervención de cuerpos policiales y militares al Internado Judicial del estado Aragua, mejor conocido como Tocorón. Y se había constatado que alias Niño Guerrero no estaba en esa instalación, que tradicionalmente sirvió como centro de operaciones para la principal megabanda del país.
La decisión judicial que sustenta esta orden de captura fue emitida el 17 de febrero de este año por el juzgado segundo de control sobre delitos vinculados al terrorismo, la corrupción y la delincuencia organizada, a cargo del abogado Carlos Enrique Liendo.
El grupo encabezado por Guerrero no solo es señalado de homicidios, asaltos, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas. Lo más importante, a los efectos de esta solicitud, fue la indicación de que, a partir de julio de 2019, el Tren de Aragua sería “responsable de los ataques a los comandos de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, causando daños al patrimonio nacional”.
Para el juez Liendo, estas acciones podrían ser calificadas de terroristas.
La notificación roja indica que Guerrero, de 39 años de edad, podría estar en Colombia, Brasil, Perú, Chile, Ecuador o Estados Unidos. Se advierte, además, que generalmente está armado, es propenso a la evasión y a la violencia.
No es la primera vez que el Gobierno atribuye un carácter terrorista a las conductas de delincuentes. De hecho, también han imputado un carácter desestabilizador del régimen político a las bandas lideradas por Wilexys Acevedo (Petare) y Carlos Luis Revette (Cota 905). Alias Koki, como se recordará, fue ultimado durante un supuesto enfrentamiento en Tejerías, en febrero de 2022.
Niño Guerrero, entonces, entra en una selecta lista de individuos que, luego de haberse fortalecido con la anuencia de sectores del poder oficialista, ahora son perseguidos, con alto riesgo de finalizar en una tumba.
Se debe reconocer que el régimen venezolano no ha sido pionero en cuanto a esbozar una narrativa de terrorismo en torno a grupos netamente delictivos. En la década de los ochentas del siglo pasado, el embajador de EEUU en Colombia Lewis Tambs calificó al cartel de Medellín como una organización “narcoterrorista”. Aunque los académicos generalmente rechazan esta noción, los distintos gobiernos estadounidenses no la han abandonado del todo. Para una muestra, remitirse al expediente sobre el Cartel de los Soles.
Esta idea también ha permeado en gobiernos más abajo del Rio Bravo. En el México de Felipe Calderón, se justificó la incorporación de los militares en la lucha contra los carteles -en especial el de los Zetas- con el pretexto de que incurrían en acciones violentas que salían de lo meramente criminal, e iban contra el orden político del país.
Más recientemente, el presidente salvadoreño Nayib Bukele también emprendió el combate a las pandillas (maras) como si se tratara de una cuestión de supervivencia del Estado. Esto le ha rendido importantes réditos políticos.
Pero en los casos de El Salvador y México podría decirse que las crisis de seguridad ciudadana fueron heredadas. En el caso venezolano, en cambio, se trata de un proceso que se gestó y alcanzó un clímax con el oficialismo en el poder. Tanto el pramato carcelario como el programa de zonas de paz surgieron en la era del chavismo-madurismo. Igualmente, las operaciones de “mano dura” para contrarrestar sus efectos.
Esta vez, el péndulo corre nuevamente a la derecha, con el almirante en jefe Remigio Ceballos a la cabeza de la operación Gran Cacique Guaicaipuro, edición 2023.
“Hay una necesidad de seguir conquistando percepción ciudadana, de que van por buen camino en la lucha contra la violencia”, afirmó el abogado Fermín Mármol García.
Mármol, recientemente designado para la presidencia de la Comisión de Seguridad de Fedecámaras, cree que el abordaje a Tocorón le permitió al Ejecutivo esgrimir un éxito “que cualquier Gobierno enarbolaría”.
De allí que, en su criterio, la posterior divulgación de los videos que mostraban las instalaciones del internado judicial, con zoológico, piscinas, discoteca, estadio y túneles incluidos, fue parte de una decisión adoptada por el propio régimen.
“Pensar que los videos y las fotografías se ‘filtraron’ no tiene sentido. Aquí hubo una orden dada por la rectoría de seguridad de que se sepa todo cuanto había en esa cárcel y los desafueros que habían cometido. Para mí hubo un cambio de actitud: vamos a correr las cortinas y que vean cómo estaba”, sostuvo.
Este giro tiene otras aristas. Luego de la intervención al penal de Tocorón, el intercambio de información con policías de países latinoamericanos se incrementó de forma exponencial. Recientemente, indicó una fuente policial venezolana, se llevó a cabo una conferencia a distancia con autoridades colombianas para analizar la organización liderada por Niño Guerrero. Algo que hace apenas unos meses no era concebible. Otro tanto se ha hecho con policías de Chile, Ecuador y Perú.
El cambio de actitud del régimen con respecto al Tren de Aragua ha sido percibido por funcionarios desde el exterior. Uno de Chile, por ejemplo, indicó que anteriormente las solicitudes de información sobre esta megabanda eran tramitadas sin mayor diligencia. Las respuestas llegaban, aunque con retardo. Ahora, se reconoce una mayor fluidez.
El tren de Aragua era la principal organización criminal del país. La emergencia humanitaria y la pandemia por el Covid-19 alimentaron su expansión internacional, como no había sucedido con ninguna otra megabanda. Un informe de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional, elaborado a finales de 2021, advertía además que el grupo había forjado enlaces con otras estructuras de menor tamaño, que operaban -y operan- afuera de Tocorón.
Es probable que ahora Guerrero intente preservar lo que resta del grupo, luego de la intervención, valiéndose precisamente de tales alianzas. Como posibles centros de operaciones se ha planteado al estado Bolívar (donde la megabanda ya tenía un núcleo establecido) y los Valles del Tuy. Pero estas son apenas dos posibilidades.