La indolencia estatal costó la vida de dos mujeres

Criminalidad

El artículo 92 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia confiere a los jueces de la materia ocho alternativas para la imposición de medidas cautelares a las personas señaladas de agresoras en un caso específico. En líneas generales, el sentido de estas medidas es resguardar la integridad física de la víctima, por una parte, y por la otra prevenir que la persona bajo investigación agreda a otras personas. El numeral séptimo de ese artículo, por ejemplo, prevé que se le imponga al presunto victimario “la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género”. Pero una cosa es la letra, y otra la realidad. Según reporta El Pitazo, el hombre detenido por las muertes de Eliannys Andreína Martínez (17 años) y Eduarlys Falcón (20 años), Nelson Antonio Torrealba Saavedra (38 años) tenía antecedentes por un delito sexual. Sin embargo, se movilizaba sin restricción alguna en Turén. De acuerdo con el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, este hombre actuó contra sus víctimas sin tener un conocimiento previo de ellas, simplemente llevado por ataques de ira. Torrealba era entonces un individuo que, bajo determinadas circunstancias, podía ser peligroso para la sociedad. Ese riesgo ya había sido constatado en un caso previo, y nada se hizo. Esta ausencia de actuación por parte de las instituciones debe ser revisada en profundidad.