Las estrategias de la matraca

En profundidad

@javiermayorca

El 19 de abril no fue feriado para los ferieros de La Grita. Con el tesón habitual, los distribuidores de hortalizas de esta localidad tachirense amanecieron cargando los camiones que, dos días después, surtirán a los mercados a cielo abierto de Distrito Capital, Miranda, Anzoátegui e, incluso, remotas localidades del estado Bolívar.
El compartimiento de carga del vehículo va atestado con huacales de todo lo que se produce en las tierras andinas: papas, lechugas, ajo porros, zanahorias, frutas de todo tipo, maíz y siga contando.
Entre la plataforma metálica y el caucho de repuesto de uno de los camiones, hay una bandeja donde los caleteros han colocado una docena de bolsas, repletas con los mismos productos que quieren llevar a la capital.
Es la “contribución” para los militares y policías que van encontrando a su paso.
Otros llevan las mismas bolsas en diversas partes de los vehículos de carga. La lógica de esto es que, al llevar las raciones ya separadas, el paso por los puntos de control se aligerará, pues los uniformados no detendrán el recorrido de los ferieros.
Para estos trabajadores del campo, el tiempo es oro. Si alguno de ellos no accede al pago de la “matraca”, se expondrá a que le obliguen a desmontar toda la carga. En las cuatro horas que dure esta operación, las hortalizas y las frutas se deteriorarán y se correrá el riesgo de contaminación, al quedar expuestas a los elementos.
Para los policías y militares, cualquier excusa será buena. Uno de los transportistas lo explicó, basado en su propia experiencia:
“Siempre te revisan un poco de cosas, y así tengas todo al día inventarán para pedirte (…) Anoche, cuando salía de Valencia, empezaron a pedirme todos los documentos, el certificado médico, registro de comercio (…) permiso para manipulación de alimentos (…) Como no hallaban de qué agarrarse me pidieron ‘para los frescos’”, relató.
Desde que Maduro declaró el estado de emergencia económica, en 2016, fueron en aumento las presiones hacia el sector productivo privado, así como también hacia los pequeños distribuidores que, como los ferieros de La Grita, hacían un esfuerzo permanente para llevar comida a los grandes centros urbanos, por cierto, eliminando los intermediarios que suelen encarecer los precios finales.
A partir de ese momento, quienes traían los alimentos a Caracas acudiendo a sus propios medios fueron vistos como enemigos, a quienes desde luego podían presionar, amenazar, extorsionar y, eventualmente, encarcelar.
La extorsión hacia los transportistas de alimentos ha traído consecuencias tangibles. Según el representante de una asociación de ferieros del Táchira, Robert Maldonado, cuando fue declarada la “guerra económica” salían desde La Grita hacia el centro del país en promedio dos mil camiones semanales. Para 2022, solo hacen el trayecto unos cuatrocientos vehículos cada siete días. La reducción ha sido del ochenta por ciento.
Con la experiencia acumulada, y los testimonios de sus colegas distribuidores de alimentos, Maldonado logró esquematizar las estrategias de la “matraca”. La primera, ya explicada, consiste en hacer perder todo el tiempo posible, para que el conductor se desespere y pague. Algo que, por cierto, también aplican uniformados del estado Vargas y de la PNB en las adyacencias del aeropuerto de Maiquetía con los pasajeros de vuelos internacionales.
También está la exigencia de los documentos más insólitos.
“En el momento en que el funcionario percibe que, según su criterio, hay incongruencia en algún documento, ya tiene el arma que necesitaba para exigir la matraca, amenazando con retener el vehículo”, explicó.
Otra práctica común, añadió, es señalar que cualquier falta administrativa, como por ejemplo conducir con la licencia vencida, es una causal para retener tanto el camión como la carga. Incluso, indicó Maldonado, se han visto casos en los que los uniformados inventan delitos para poner el vehículo a la orden del Ministerio Público. “El más conocido, resistencia a la autoridad”, señaló.
En la otra cara de la moneda, los militares han tenido que buscar fórmulas alternativas para la obtención de alimentos. Tal parece que el llamado “rancho”, asignado por el ministerio de la Defensa no les alcanza. En febrero, por ejemplo, el comandante de un destacamento de la Guardia Nacional en Mérida envió una circular a los jefes de compañías bajo su jurisdicción para que consignaran a esa unidad cargas de hortalizas y carnes para el consumo de los uniformados. En otras oportunidades, han hecho lo propio directores de centros educativos del Ejército y la Guardia Nacional. Esta situación posiblemente conecta con las presiones a los productores y distribuidores de alimentos.
Algunos transportistas hacen lo posible para no entrar en el juego de la extorsión. Han entendido que pagar a uno es pagar a todos los demás.
“Cuando les dices ‘no tengo’ esos no te vuelven a parar. Lo digo por experiencia (…) No digo que nunca les di. Cuando me pedían para ‘colaborar con el puesto’, de esa manera sí les daba. Pero cuando empiezan a pedirme un poco de documentos trato en lo posible de no darles nada”, explicó uno de ellos.
Pero estos casos parecieran ser excepcionales. Según Maldonado, en este sector la matraca ha sido institucionalizada.