Pasado y futuro de la FAES

 -Aunque Maduro asegura que la unidad élite de la Policía Nacional continuará en funciones, las presiones internacionales podrían obligar a transformarla

@javiermayorca

En febrero de 2016, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino ordenó a todos los componentes de la Fuerza Armada el “completamiento” de las fuerzas de acciones especiales, como parte de un plan que permitiría afrontar el desafío (para ellos, siempre presente) de una hipotética intervención extranjera.

Según el jefe castrense, ya entonces era necesario “consolidar y fortalecer las FAES de la FANB para dar respuesta a las diferentes formas de amenaza interna y externa”.

“Según instrucciones del señor presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB, este es el año de las Fuerzas de Acciones Especiales”, sentenció.

Casi en forma simultánea, el entonces director de la Policía Nacional Bolivariana, general de división (GN) Juan Francisco Romero presentaba un plan de reorganización de ese cuerpo, que proponía la fusión de las unidades de operaciones tácticas especiales, conocidas por su acrónimo «uotes», dispersas en varias partes del país, para crear una versión policial de los grupos élite que había en la FAN.

Así nació la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).

Esta idea tenía un asidero legal. Una disposición transitoria de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ordenaba la progresiva supresión de todos los grupos de intervención, y la transferencia de sus tecnologías y parques de armas a la PNB, aunque sin establecer una fecha precisa para el cumplimiento de este mandato. Eventualmente el monopolio de los grupos swat quedaría en manos de la PNB. Esto también implicaba la disolución de la famosa Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial (BAE). Pero un efectivo lobby de los jefes de esa institución hizo que ese plan fuese postergado.

La FAES de la PNB nació bajo una tutela militar. Y no solo porque su primer comandante/director fuese un oficial superior de la Guardia Nacional. Según el proyecto que le dio origen (y que fue revisado en su oportunidad), este grupo debería caracterizarse por su versatilidad. En tiempos de paz, abordaría de forma frontal la creciente amenaza encarnada por las megabandas. También actuaría durante situaciones de rehenes y casos de secuestro.

En tiempos de conflicto, la FAES se plegaría al esquema de guerra de cuarta generación, como si fuese un componente militar, cuyas acciones serían coordinadas por el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Y esto sería corroborado durante la participación de la FAES-PNB en los ejercicios cívico-militares efectuados durante los últimos cuatro años. También en desfiles del 5 de julio.

Entonces, no se trata de un pequeño grupo de policías aislados. La FAES no es un servicio más de la PNB, como podría ser el de vigilancia en el Metro o las embajadas. Tampoco es una dirección propiamente dicha, a pesar de que su máxima figura tiene el rango administrativo de director de línea, como pueden ser los de Policía Comunal o Delincuencia Organizada. Los de la FAES tienen un sentido corporativo muy particular, celebran aparte (para envidia de los demás agentes de la PNB), los asciende su propio jefe, tienen un lema distinto al del resto de la institución, y rara vez reportan al Director General. Con ellos pasa algo similar a lo que sucede con la Dgcim o el Sebin, que parecieran estar por encima de las leyes, u obedecer solo a códigos propios.

La FAES se mostró refractaria ante los informes presentados desde julio de 2019 por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien pidió la inmediata disolución de esta unidad policial, y la investigación de sus crímenes por una instancia independiente, con apoyo internacional. De hecho, ese año gracias a la FAES la Policía Nacional se ubicó como el cuerpo armado más letal del país, medido en términos de porcentaje de participación sobre el total de fallecidos. En 2020, se consolidaron en esta posición.

Este año, el informe de la misión de determinación de hechos de la ONU atribuye 925 muertes a las FAES, que según Marino Alvarado (Provea) podrían ser calificadas de ejecuciones extrajudiciales. Esto implica que el número de homicidios atribuido al accionar de esta unidad policial es mayor, pero solo en esos 925 casos se pudo constatar la existencia de condiciones para concluir que hubo una acción letal deliberada contra personas ya sometidas, que no representaban riesgo para los funcionarios, lo que por ende permitía descartar los factores que configurarían la legítima defensa.

El auge de las FAES, en la PNB y en la Fuerza Armada, como vimos, ha sido consecuencia de la voluntad presidencial. También la permanencia en el tiempo de estas unidades, a pesar de las incesantes denuncias de violaciones a los derechos humanos que obligan al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, a confesar en televisión su ignorancia en torno a lo que está sucediendo con estos funcionarios.

Maduro y el denominado “protector” del Táchira Freddy Bernal han jurado que la FAES continuará. Sin embargo, el propio régimen parece tener su plan B. Una salida decorosa, que le permita lavarse la cara. Según Williams Cancino, uno de los pocos integrantes de ese grupo que desertó a Cúcuta en febrero de 2019, la solución sería más bien cosmética:

“¿Disolver? Lo que harán es cambiar de nombre y distribuir al personal a otras unidades o estados”, afirmó.

Un plan que podría servir para este fin fue presentado en julio de 2018 por el entonces titular de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, y Maduro le dio ejecútese. Se trata de un cuerpo antiterrorista que se manejaría como un despacho especial, distinto de la PNB. Su creación fue anunciada por el gobernante en febrero de este año.

La conversión de la FAES en este cuerpo es una posibilidad. La FAES, advierten informes de ONGs como Una ventana para la libertad, no tendría mucho problema en erigirse en el principal látigo contra el “terrorismo”, tomando en cuenta la particular acepción que se da a este término desde el poder venezolano.

PROTESTAS POR HIDROCARBUROS

El régimen ordenó a los comandos de zonas de la Guardia Nacional una evaluación sobre el impacto de la escasez de combustible y gas doméstico en las manifestaciones callejeras. El propósito es orientar los recursos -cada vez más escasos- de ese componente, de la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos estatales de forma tal que estas protestas puedan ser contenidas o aisladas durante sus fases iniciales. En 2019, la FANB y la PNB reformularon y alinearon su doctrina táctica en materia de orden público. Desde entonces, las unidades más reducidas que actúan en las manifestaciones son llamadas “escuadras ligeras de intervención” (ELI), en teoría conformadas por diez efectivos a pie, uno de ellos oficial subalterno. Le sigue el denominado “pelotón de restitución del orden público” (PROP), cuyo pie de fuerza es de treinta uniformados. Y así se va produciendo un incremento en el número de militares o policías, y el equipamiento requerido, hasta que se llega a constituir la “unidad de intervención combinada”, que tiene blindados, motos y guardias a pie con escudos. Estas las hemos visto en la Francisco Fajardo. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde septiembre la carencia de combustibles y gas doméstico ha sido el principal motivador de las protestas callejeras.

PLATAFORMA DEL TERROR

La creciente presencia de elementos de radicalismo islámico en Venezuela y Latinoamérica preocupa en la comunidad internacional, en especial cuando se habla del grupo chiíta Hezbollah, o Partido de Dios. Según el experto en terrorismo y crimen organizado Alejandro Cassaglia, la plataforma de inteligencia de esta agrupación en los países americanos está intacta desde el atentado con explosivos a la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), perpetrado en Buenos Aires en julio de 1994. Como se recordará, una etapa importante de este ataque fue organizada en territorio venezolano, lo que ameritó el traslado a Caracas del juez argentino Juan José Galeano, primer instructor del expediente judicial. Cassaglia es el coordinador para Latinoamérica de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (Ciseg), una organización dedicada a la investigación académica y divulgación de estos temas. Durante un seminario internacional llevado a cabo entre los días 25 y 27 de noviembre, advirtió que la presencia de este grupo, señalado como terrorista por EEUU y la Unión Europea, “se ha potenciado” durante la gestión de Nicolás Maduro. Refirió como ejemplo que elementos ligados a esta y otras organizaciones radicales han sido detectados con pasaportes emitidos en Venezuela. “Son personas que ni siquiera hablan español”, dijo. Añadió que durante una operación policial en Las Vegas (EEUU) fue incautado un lote de pasaportes colombianos, que según Cassaglia fueron falsificados en Venezuela.

GRANADAS Y UNIFORMES

Uno de los delitos que ha incrementado su frecuencia durante los lapsos de cuarentena radical ha sido la extorsión. Muchas de las víctimas son comerciantes que se han aventurado a abrir sus puertas, violentando alguna disposición de cualquier nivel de gobierno (central, estatal o municipal) y que luego son presionados para que entreguen dinero a cambio de quedar indemnes. En Bello Monte, relata el defensor de DDHH Rafael Uzcátegui, hay dueños de locales que deben entregar hasta un tercio de sus ganancias para que les dejen trabajar en la cuarentena. Algo similar sucede en los locales de la avenida Victoria. “La práctica de cobrar a los restaurantes se ha generalizado durante la pandemia, pues en caso contrario aparecen personas sin tapabocas ni medidas de bioseguridad que ameritan el cierre”, explicó. Junto a esto, están las bandas criminales que mantienen asolados a los dueños de locales en estados como Lara, Mérida y Zulia, donde el lanzamiento de granadas se ha convertido en una moda. Durante los primeros nueve meses de 2020, en plena cuarentena radical, han sido iniciadas 274 averiguaciones por extorsión. Esto rebasa en más de 33% el total de denuncias recibidas y procesadas durante todo 2019. Tal y como ha sucedido con otros delitos, a partir de julio comenzó una especie de repunte, que ha llevado las cifras prácticamente a los mismos niveles que existían antes de la alarma nacional decretada en marzo.

PS.: luego de la publicación de esta entrega en runrun.es y talcualdigital.com, el jueves 26 de noviembre, se conoció que la alcaldesa del municipio Guaicaipuro (Los Teques) Wisely Álvarez, destituyó a su director de Seguridad, al tiempo que admitió la existencia de redes policiales que cobran por vigilar a los comercios en la capital mirandina. En las redes sociales, el público se burló de esta declaración, por considerar que se vendió como un gran hallazgo algo que prácticamente es un lugar común. No obstante, es una comprobación fehaciente del auge de la extorsión, en especial por quienes están investidos de alguna autoridad.

Los meses que precedieron a la muerte de Hugo Chávez estuvieron llenos de incertidumbre. La ausencia de información veraz y oportuna, aderezada por medias verdades y mentiras descaradas de quienes se suponía estaban allí para dar certezas solo incrementaba la angustia de la población, y transmitía la sensación de que tras bastidores se desarrollaba una intensa disputa por el poder, entre las distintas facciones del oficialismo. Aquellos días marcaron de manera definitiva el presente de los venezolanos, y sin embargo es muy poco lo que se sabe al respecto. El primer esfuerzo sincero por arrojar un poco de luz recién sale a los anaqueles, con la firma del periodista venezolano Francisco Olivares. Los últimos días de Hugo Chávez. El alucinante encubrimiento de la enfermedad y muerte del líder del socialismo del siglo XXI (Caracas, 2020) es un recuento minucioso de aquellos hechos que, para acudir a la jerga policial, tuvieron tres “sitios de suceso”: Caracas, La Habana y, brevemente, Brasil. Uno lee a Olivares y se traslada de inmediato a aquellos lugares y momentos llenos de preguntas sin respuestas, que se acumulaban sobremanera cuando el teniente coronel se ausentaba, y ponía el destino del país en las manos de Fidel y Raúl Castro. Lo que eventualmente llevó a la emisión de importantes decretos en la capital cubana, cuya validez siempre quedará bajo sospecha. Esas firmas electrónicas estampadas al pie de cada decisión en otros tiempos pudieron calificarse de “planas”. Uno se imaginaba a Chávez postrado en cama, intubado y, sin embargo, dando el dudoso visto bueno a los movimientos que le sugerían los miembros de su entorno más cercano. El libro de Olivares refleja un esfuerzo por aproximarse a otrora chavistas como Héctor Navarro y Luisa Ortega, quienes fueron marcando distancia y pagaron un precio por aquellas “traiciones”. Pero para ellos no basta colocarse en el lado opuesto: es necesario vencer la complicidad del silencio. El libro está disponible en formato electrónico.