Tecnología para mafiosos

En profundidad

@javiermayorca

De la noche a la mañana, los usuarios del exclusivo servicio de comunicaciones Anom encontraron que la web para manejar sus cuentas había sido confiscada, nada más y nada menos, que por solicitud conjunta del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de la Policía Federal Australiana.
Para aplicar esta medida, no importó que la página de Anom estuviese registrada en un diminuto archipiélago de las Islas Británicas en el Océano Indico. De todas formas, los ingleses también participaban en esta pesquisa internacional, bautizada Trojan Shield.
Ahora, al entrar al dominio de Anom se muestra un formulario. Si el usuario de este servicio es lo suficientemente arriesgado -o ignorante- para intentar la recuperación de su cuenta, deberá llenarlo. Al pulsar la tecla “send”, su información estará en manos de policías de diecisiete naciones.
Anom es una tecnología de comunicaciones que, según registros judiciales de EEUU y los Países Bajos, es “de criminales para criminales”.
Entre sus clientes figuran sujetos de la delincuencia organizada transnacional de numerosos países. En la lista, desde luego, no podía faltar Venezuela.
Los detalles de Trojan Shield todavía no son del conocimiento público. Sin embargo, gracias a una declaración del fiscal Randy Grossman, divulgada en junio de 2021, se sabe que la plataforma de Anom era manejada por la policía de investigación estadounidense mucho antes de que la página fuese formalmente confiscada.
Anom, por lo tanto, era un señuelo diseñado para mafiosos.
En ese mismo mes, la Europol afirmó que durante Trojan Shield fue posible detener a 800 personas, lo que la convertía en la “más grande operación jamás efectuada contra las comunicaciones encriptadas de los criminales”.

“Puro lavado de dinero”

La historia pequeña de esta vasta investigación apenas comienza a saberse, gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Países Bajos, que ratificó la sentencia de extradición contra Aurangzeb Ayub, un holandés de origen británico que fungía como agente de ventas de la tecnología.
Ayub, de 39 años de edad, era solicitado internacionalmente, en atención a una acusación presentada en noviembre de 2019 ante la Corte del Distrito Sur de California. Le imputan participación en una organización de tipo mafioso, según los términos establecidos en el estatuto RICO. La misma ley estadounidense usada para desmantelar a la famosa familia Gambino.
Gracias a mensajes interceptados durante la investigación, se constató que Ayub había negociado la entrega de varios dispositivos a criminales de Suiza y Venezuela. Para enero de 2021, estos sujetos aún sin identificar públicamente habían recibido los aparatos para comunicación encriptada del propio neerlandés.
Pero no fueron los únicos. De hecho, gracias a Trojan Shield fueron intervenidas las comunicaciones de 300 sindicatos del crimen, dispersos en cien países. En total, el grupo de Ayub entregó 9500 teléfonos.
Según la acusación presentada en California, junto a este neerlandés operaban otras dieciséis personas: Joseph Hakan Ayik, Domenico Catanzariti, Maximilian Rivkin, Abdelhakim Aharchaou, Seyed Hossein Hosseini, Alexander Dmitrienko, Baris Tukel, Erkan Yusef Dogan, Shane Geoffrey May, James Thomas Flood, Srdjan Todorovic, Shane Ngakuru, Edwin Harmendra Kumar, Omar Malik, Midwad Zakhimi y Osemah Elhassen.
El “administrador” del grupo sería Ayik, un turco que reside en su país natal junto al sueco Rivkin. Igual función tendría Catanzariti, de origen australiano. Los demás de la lista serían distribuidores de la tecnología dispersos en Europa, América y Asia. Los más cercanos a Venezuela son Todorovic y Elhassen, residenciados en Colombia.
Con la recepción del teléfono, los usuarios de Anom debían cancelar una cuota periódica, de acuerdo con la región donde estuviesen. La tarifa para Australia era de 1700 dólares por seis meses; para los clientes de Europa, hasta 1500 euros, y en América, 1700 dólares por el mismo lapso.
Un precio pequeño para garantizar la impunidad. Los teléfonos operaban a través de protocolos de internet, con servidores en locaciones consideradas “seguras”, pues estaban ubicados lejos del largo brazo del FBI. Además, eran revisados periódicamente para constatar que funcionaban ajenos a toda vigilancia.
El usuario, además, podía solicitar a través de la página (ahora confiscada) que se borraran los mensajes de determinados lapsos. Esta actividad fue considerada como una evidencia del interés de la organización por obstruir la justicia.
En el juicio de extradición de Ayub, se reveló cómo este hombre ayudó a uno de sus clientes a eliminar mensajes incriminatorios luego de haber sido allanado por un cuerpo de seguridad.
“La policía se llevó todo (…) Limpie esto lo antes posible”, le indicó el suscriptor.
Posteriormente, la misma persona solicitó a Ayub información sobre lo que había hecho.
“Sí. Todo está bien”, fue su respuesta.
Esas comunicaciones borradas se referían, básicamente, a actividades de tráfico de drogas y legitimación de capitales.
“Esto es puro lavado de dinero”, afirmó uno de los distribuidores de Anom, radicado en España.
En su promoción personalizada, los vendedores se jactaban de que sus clientes podrían operar “clandestinamente”.
Tal y como estaba diseñado el sistema, es poco probable que solamente fuese utilizado por elementos de la delincuencia organizada. El mapa divulgado por el Departamento de Justicia indica que los dispositivos dotados con el programa Anom fueron entregados en países como Irán, Irak, Turquía, Marruecos, Guinea Ecuatorial y Nigeria, donde también actúan grupos calificados de terroristas.