Temporada de paz criminal

En profundidad

@javiermayorca

En el primer semestre de 2023, se verificó en el país una disminución en ciertos delitos violentos. Aunque las cifras sobre la criminalidad son un secreto celosamente guardado por el régimen, de manera extraoficial se ha conocido que esta merma ronda el 20%, si se toma como punto de comparación el mismo lapso del año pasado.
¿Cómo leer esta estadística? Desde luego, ni siquiera desde el propio Ejecutivo se podría reivindicar este punto como el resultado de una política de seguridad ciudadana. Puesto que realmente no existe una política integral. No hay evaluaciones ni formulación teórica. No hay antes y después. Cero indicadores que puedan ser evaluados por propios y extraños. Solo hay decisiones que se van tomando sobre la marcha para afrontar situaciones específicas. Si un conductor borracho atropella y mata a una corredora un domingo en la mañana, se saturará el área con agentes y se intentará cierto control a los que irán al volante durante un par de meses, y nada más.
Aún así, los homicidios y en menor medida las lesiones personales han mermado, incluso, en lugares como Sucre y Bolívar, donde parecían endémicos. Parte de la explicación ha sido aportada en los informes del Observatorio Venezolano de la Violencia. El frenazo en la economía resta oportunidades para el delito. Hay menos circulación de personas, menos bienes y dinero produciéndose y cambiando de manos. Además, la carencia crónica de combustibles -especialmente en el interior del país- y los incesantes apagones tienen efectos recesivos que han sido resaltados, incluso, por Fedecámaras.
A esto hay que unir el recrudecimiento de la diáspora. En esas oleadas humanas que cruzan el Darién van venezolanos de todos los orígenes, y por supuesto, policías y delincuentes. Y si en Venezuela quedan menos hampones, el delito disminuirá. Simple lógica adelantada por el profesor Roberto Briceño León.
Por otra parte, las acciones letales de los cuerpos uniformados del país no han cesado. Durante la primera mitad del año se cuentan 520 casos de lo que ahora llaman “intervención legal”. En promedio, son tres muertes todos los días a manos de policías y militares. Este número sería motivo de escándalo en países con mediana institucionalidad. Aquí, en cambio, muchos respiran aliviados al ver que ahora desde el Estado matan menos.
Pero estos factores no son suficientes para explicar esa aparente calma que se percibe en territorios que hasta el año pasado eran escenarios de disputas, a menudo armadas.
Para el director del Risk Awareness Council, Alberto Ray, Venezuela avanza hacia la consolidación de una “paz criminal”.
Ray, quien también presidió la comisión de Seguridad de Fedecámaras, sostiene que Maduro está incapacitado para controlar el país, e instaurar lo que llamarían el imperio de la ley. De allí que haya cedido el manejo de vastas porciones del territorio nacional a estructuras armadas que le son afines, aunque no forman parte integral del Estado.
El 61% del país, para ser más precisos.
En este modelo de cohabitación, el gran ganador (además de Maduro) sería el Ejército de Liberación Nacional.
Según Ray, el ELN actual dista mucho de ser la insurgencia fundada en Colombia por el cura Manuel Pérez, hace más de medio siglo. Ahora, él lo caracteriza como “uno de los más grandes carteles de la delincuencia organizada mundial”.
Un trabajo presentado en 2022 por el tanque de pensamiento InSightCrime pone de manifiesto que el ELN a menudo se maneja de forma contradictoria, no solo por el poder de sus distintos frentes, lo que dificulta la imposición de una línea desde el Comando Central (Coce). Igualmente, por la necesidad de mantener un pie en la política y otro en el mundo del delito. Negociar con Petro en La Habana o en Caracas, por una parte, y por la otra supervisar la producción de cocaína en el Catatumbo.
Para Ray, sin embargo, es evidente que el ELN orienta su esfuerzo cada vez más a la captación de rentas ilícitas como fin primordial.
Esto no sería posible sin la neutralización de todos los factores que podían disputarle el control de la plaza venezolana. Entre ellos, a las principales facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que hacían vida en el país.
“Después que se elimina Gentil Duarte (Miguel Botache Santillana) se hace una reorganización de la actividad de los grupos armados no estatales en Venezuela. Se genera una nueva alianza. Con esta desmovilización, las FARC terminan trabajando con quienes antes eran sus opuestos”, explicó, en conversación con el autor de esta columna.
Pero el ELN por ahora debe convivir con otras organizaciones, que también gozan de la aquiescencia oficial. El Tren de Aragua ha sido la más notoria. También ciertos colectivos que han sabido capear la pandemia y la emergencia humanitaria, hasta convertirse en boyantes empresas.
Todo esto hace suponer que la disminución de ciertos delitos violentos, más que un resultado es un síntoma de la situación actual, que en cualquier momento podría alterarse.
En ello incidirá el factor político. Las recientes experiencias de Colombia y Ecuador confirman que las acechanzas del delito organizado están a la vuelta de la esquina. En Colombia, a través de la plata sucia para las campañas presidenciales. En Ecuador, con el plomo a los candidatos percibidos como riesgosos por los operadores del delito organizado.