Zona de combates

En profundidad

Desde el 21 de marzo, el trecho entre Guasdualito y La Victoria se ha convertido en una zona de combates, con todas las características de lo que sería un conflicto asimétrico. De un lado, fuerzas regulares del Ejército venezolano, complementadas por el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana. Y del otro, combatientes de las llamadas “disidencias” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estos últimos son individuos que nunca reconocieron ni acataron el contenido del acuerdo de paz firmado en La Habana, en 2016, y que se han reagrupado en torno al liderazgo de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, comandante del frente 1 que opera en el departamento colombiano de Arauca.
Según el subdirector e investigador de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, Botache aglutina a dieciséis de los veintiocho grupos que se declararon en desacuerdo con la pacificación. Por lo tanto, es el mayor contingente.
Por otra parte, en las llamadas Nuevas FARC o Segunda Marquetalia hay cinco estructuras armadas, que salieron a la vida pública cuando Luciano Marín (Iván Márquez) y Seuxis Paucías Hernández (Jesús Santrich) hicieron un llamado a retomar el conflicto, en agosto de 2019. Las siete agrupaciones restantes están más dedicadas a actividades netamente criminales.
Con la invitación a Márquez y a Santrich para que permanecieran en territorio venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro tomó parte en el conflicto originado tras el desconocimiento de lo convenido en la capital cubana. Y lo hizo en favor del sector menos numeroso, si se toma en cuenta lo señalado por el investigador colombiano.
Esta cuadratura ya le ha costado por lo menos seis muertes y más de dieciséis heridos a las fuerzas venezolanas, si se suman los saldos conocidos extraoficialmente en tan solo tres enfrentamientos, reportados desde septiembre de 2020, en Apure y Amazonas.
Las disidencias de las FARC han dado muestras de su capacidad para infligir el mayor daño con la menor cantidad de bajas propias. En esto ha jugado un importante papel el uso de dispositivos explosivos improvisados, que ocasionaron las primeras dos muertes durante la jornada del 21 de marzo, e inutilizaron posteriormente un blindado del Ejército. Igualmente, mediante explosivos destruyeron el puesto aduanero de La Victoria.
“Están enviando mensajes a Maduro: ‘Sentémonos y acordemos’. Y mientras tanto piden a los pobladores de las áreas de conflicto que se retiren”, afirmó Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha investigado la violencia en el área limítrofe.
Según Tarazona, el grupo de Gentil Duarte, liderado en ese sector por Ferley González, alias Fabián, estaría “pidiendo una tregua con el régimen, para convivir”. Lo que hasta ahora no ha sido posible.
En este contexto, el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ordenó la remoción del comandante de la 92 brigada Caribe del Ejército, general de brigada Carlos José Rojas Abreu, y su inmediato reemplazo por el GB Tito Gómez Ávila. Según Tarazona, la decisión fue consecuencia de la imposibilidad del anterior jefe milita

r de eliminar la amenaza que representaban los disidentes de las FARC en ese sector.
“Es una tarea que no cumplió”, sentenció.

Desplazamiento sin precedentes

Las hostilidades han ocasionado una creciente oleada de desplazados desde territorio venezolano. Para el momento de la redacción de esta nota, Migración Colombia reconocía la existencia de 4741 refugiados en diecinueve albergues improvisados.
El fin de semana anterior, el defensor del pueblo de Colombia Carlos Camargo solicitó al gobierno de Iván Duque la declaratoria de una “calamidad pública” en el área de Arauquita.
La expectativa es que la cifra se incremente con el desarrollo del conflicto. Y de acuerdo con el representante de Provea, Marino Alvarado, no habrá una tregua en el corto plazo.
“Esto va para largo (…) Si se aplica la teoría de la guerra de guerrillas, los disidentes tienen la táctica de atacar, replegarse y luego volver. Ellos dejarán que la Fuerza Armada tome confianza, y la volverán a atacar”, advirtió.
Alvarado indicó que el desplazamiento humano ha representado un incremento de 15% en la población de Arauquita. La migración forzada también sería desde la frontera hacia otros estados de Venezuela.
Según sus registros, desde que Hugo Chávez llegó al poder han ocurrido cinco episodios que podrían ser calificados de “movilizaciones masivas” ocasionadas por violencia armada. Comenzaron en 1999 en el área de Catatumbo. Pero la de este año ha sido la de mayor magnitud.
Para el momento de la redacción de esta nota, representantes de Provea y otras organizaciones no gubernamentales de Venezuela y Colombia solicitaban la intervención de la Organización de Naciones Unidas.
“Es una petición genérica que hacemos al secretario general, porque no hay una perspectiva de colaboración entre autoridades de ambos países para atender el problema. No solo en lo referido a los refugiados, sino también en cuanto a la seguridad. Esto complicará aún más la situación. La ONU puede servir como intermediario para que haya un diálogo”, explicó.
Pero el discurso oficialista no apunta hacia un entendimiento. Por el contrario, desde el Ejecutivo y el Parlamento elegido el 6 de diciembre han emitido mensajes que culpan al gobierno de Iván Duque por la crisis en la frontera. Según Alvarado, de continuar con esa actitud el conflicto también podría extenderse hacia otras localidades.