Los muertos de Pdvsa

En profundidad

@javiermayorca

El 25 de agosto, mientras la cotización del dólar continuaba su carrera ascendente, los pensionados y jubilados de Petróleos de Venezuela salían a las calles de por lo menos cuatro estados del país, para exigir al Gobierno el cumplimiento inmediato de los compromisos contraídos con los trabajadores que entregaron los mejores años de sus vidas productivas a la principal industria del país.
Los reclamos de los ex empleados de la estatal se circunscribían a dos aspectos: el pago puntual de las jubilaciones, por una parte, y en segundo lugar la cancelación de los intereses devengados por cada uno de ellos, en virtud de sus aportes al Fondo de Jubilaciones.
En Caracas, los manifestantes no pudieron pasar al interior de las instalaciones de Pdvsa La Campiña para dejar constancia de sus reclamos.
No obstante, días atrás hicieron llegar sus planteamientos al propio Nicolás Maduro. El 28 de junio, 43 miembros de la asociación suscribieron una carta consignada en el Despacho de la Presidencia, en la que solicitaban la designación urgente de una comisión de alto nivel para llegar a un consenso en torno a cuáles serían las medidas a tomar en lo inmediato.
Esta protesta tiene su origen en las irregularidades que se gestaron durante la administración de Rafael Ramírez al frente de la estatal, y que terminaron en un desfalco monumental.
Según la carta enviada al gobernante, todo comenzó en julio de 2009, cuando el entonces zar petrolero venezolano impulsó una reforma al Estatuto Fundacional del referido fondo. Los cambios fueron oficializados en 2014, ante una oficina subalterna de registro de Caracas.
La misiva al Presidente indica que esta alteración “permitió a Pdvsa disponer de manera dolosa de 2707 millones de dólares” del patrimonio perteneciente a los trabajadores.
En julio de 2018, la organización de jubilados de Monagas solicitó una investigación sobre aquellos hechos ante el Ministerio Público. Entonces, Ramírez ya era un rey caído, que veía cómo se desarrollaba la crisis venezolana refugiado en las comodidades que le ofrecía Italia. El promotor de la Pdvsa “roja rojita” ahora intentaba marcar distancia con respecto a Maduro, calificando de políticas las acusaciones en su contra por presunta corrupción.
La carta remitida al jefe del Estado fue redactada en términos sobrios, probablemente para no levantar susceptibilidades, en el entendido de que muchos de sus firmantes, e incluso de las personas que hoy toman las calles, probablemente guardaron discreto silencio frente a las arbitrariedades que, desde muy temprano en la era Chávez, convirtieron a Petróleos de Venezuela en la caja chica del oficialismo y, según los datos que van surgiendo, de más de un opositor.
Este documento refiere que, en octubre de 2021, fue entregada una propuesta de convenimiento de pago al Ejecutivo, en la persona del viceministro de Finanzas Oswaldo Pérez. Según este planteamiento, cada jubilado recibiría el equivalente a 13,5 petros mensuales, a partir del 1 de enero hasta el 30 de junio.
Los ex trabajadores de la petrolera venezolana no han recibido respuesta sobre este particular. De manera que solo devengan el equivalente a 200 dólares mensuales, aunque el compromiso adquirido desde 2018 por el propio Gobierno era de 660 dólares.
¿Qué sucedió con el Fondo de Pensiones? Tal y como se ha afirmado en este espacio, una parte importante de la historia del país se está escribiendo en los tribunales de EEUU. Allá están las respuestas. En este caso, una porción de los ahorros de los trabajadores se desvaneció por los manejos de Francisco Illaramendi, socio fundador de la firma Highview Point Partners con la complicidad de dos altos ejecutivos de Pdvsa. De acuerdo con un resumen del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), este hombre asesoraba a fondos buitres a través de los cuales eran manejados recursos de la empresa petrolera.
Illaramendi comenzó sus andanzas en 2006, y según la acusación consignada en el Segundo Circuito de Connecticut, para el año en que fue detenido (2011) había acumulado pérdidas de 700 millones de dólares, las cuales ocultaba a sus clientes mediante la falsificación de documentos y una centrífuga, en la que el dinero de las nuevas víctimas era usado básicamente para mantener a raya el descontento de las más antiguas. Al margen de esto, las autoridades estadounidenses constataron que Illaramendi engrosó sus cuentas personales, con las que incluso financió la construcción de una mansión de 20 millones de dólares en New Canaan.
Pero, según las cuentas de los ex trabajadores de la estatal, el hueco en el fondo de pensiones era mucho mayor que 700 millones de dólares. El dinero de estos ahorristas no solo terminó en los bolsillos del asesor financiero, que eventualmente admitió su culpabilidad. También pudo ser enviado en maletas a Argentina, o para financiar al gobierno nicaragüense, o las iniciativas de Piedad Córdoba y sus aliados irregulares, o engrosar las cuentas de los socios de Ramírez en la Banca Privada de Andorra. Es por eso que en EEUU prevalece el criterio de que Pdvsa no era -ni es- tan solo una corporación de negocios petroleros, sino una “instrumentalidad” del gobierno venezolano, una herramienta para la consecución de sus más diversos propósitos.
Para los ex empleados, el pago de los compromisos por parte del Gobierno es una cuestión vital. Por eso, plantean al mandatario que tome las medidas pertinentes para superar lo que califican como una “inmoralidad”.
“Es injusto que luego de promediar 37 años de dedicación exclusiva a nuestra industria terminemos sin recibir en vida lo que nos corresponde por derecho”, indicaron.
La carta consignada en el palacio de gobierno indica que todos los meses fallecen en promedio 3 ex empleados de la estatal petrolera, “por no disponer de ingresos suficientes para costear (los tratamientos a) nuestras patologías”.
Los datos manejados por Mario Benítez, miembro de un equipo multidisciplinario que respalda a la Asociación de Jubilados y Pensionados de la petrolera, indica que solo este año han fallecido treinta ex trabajadores de la estatal. Hubo casos dramáticos, como el de José Zerpa, que carecía de dinero para costear su tratamiento. En la crisis terminal, las clínicas de Maturín se negaron a recibirlo porque la petrolera tiene una deuda crónica con las aseguradoras. O Luis Salazar, que pereció en Carúpano porque no tenía fondos para pagar una operación de corazón abierto a la que tenía derecho como jubilado. Según Benítez, desde 2019 hasta el presente han muerto 2.630 ex trabajadores de Petróleos de Venezuela debido a la ausencia de cuidados, en especial durante la crisis por el Covid-19.
“Si los hubiesen atendido, esta cifra baja”, aseguró.
Esta es una prueba clara de que la corrupción, a pesar de tratarse de un delito que prospera en las sombras y en silencio, sí deja en el camino una estela de muertes.