Revista en el colegio

En profundidad

@javiermayorca

El miércoles en la mañana, efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana tomaron de improviso la calle República Dominicana de Boleíta.
El despliegue de personal, provisto con armas de guerra, hacía suponer a los empleados del colegio San Agustín de El Marqués que se repetía el episodio de la fuga masiva de reos del retén de la Policía Nacional, reportado en septiembre de 2019. En aquella ocasión, los delincuentes irrumpieron en las instalaciones de ese centro educativo, luego de trasponer la pared de dos metros de altura que lo separa de la llamada Zona 7.
“Eso estaba todo cerrado por los militares, desde mucho antes de la esquina para llegar al colegio. Pregunté por qué no podía pasar, pues necesitaba ingresar, y me dijeron que iba a haber un traslado de reos”, recordó una trabajadora de la institución.
Los uniformados instruían a los empleados del colegio, y a los representantes de los niños que iban al preescolar, para que usaran la entrada de la avenida Sanz.
El propio director del San Agustín, padre Marino Garrido, tuvo que salir a esa vía para cooperar con el personal que orienta el tránsito, y mitigar así el embotellamiento.
“Al rato, nos enteramos que por motivo de lo que harían con los presos habían pedido al colegio que no abrieran la puerta de atrás”, recordó.
A las 7:45 am, cuando las actividades escolares apenas iniciaban, el portón trasero se abrió para dar paso un grupo de aproximadamente 250 sujetos, algunos de ellos vestidos con el ropaje amarillo característico de los reclusos. Fueron llevados hasta la cancha de fútbol del colegio, donde los militares con equipos para control del orden público habían formado un cuadrilátero. Allí, estos individuos permanecerían sentados o en cuclillas, mientras se desarrollaba lo que se conoce como un “pase de número”, es decir, un conteo.
Según el director de Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, toda esta movilización fue llevada a cabo en preparativo para recibir a cien reclusos de “alta peligrosidad”.
“Hemos conocido que allí estaban los prames trasladados a Caracas desde las cárceles de Yaracuy y Vista Hermosa (Bolívar) luego de las intervenciones por la operación Gran Cacique Guaicaipuro”, explicó.
Por lo tanto, no se trataba de delincuentes comunes, sino de individuos que ejercían cierto liderazgo en las megabandas que operan respectivamente en el centro occidente y el sur del país.
Las gráficas enviadas por residentes del sector, y miembros de la propia comunidad educativa, indicaban que los presos también fueron colocados en las gradas del referido campo, donde tradicionalmente hacen sus prácticas los equipos del colegio.
Durante tres horas, los privados de libertad iban y venían. La empleada del centro educativo indicó que, apenas se conoció la información por redes sociales, los padres acudieron a la instalación para retirar a los estudiantes.
Al mediodía, Garrido envió un comunicado a los “padres y representantes”.
“El día de hoy en horas de la mañana se realizó un operativo por parte de la comisaría de la Zona 7.
“De manera inmediata se activaron los protocolos y la asesoría legal para el desalojo de los funcionarios. También se facilitó el retiro de los estudiantes por parte de los padres y representantes que así lo solicitaron (…)
“Garantizamos que esto no volverá a ocurrir en el futuro.
“Agradecemos el respaldo de la comunidad ante este hecho que a todos nos tomó por sorpresa”.

Sin precedentes

El uso de una instalación educativa privada para llevar a cabo un pase de número de reos de alta peligrosidad es un hecho que no tiene precedentes en la historia del país, de acuerdo con Nieto, quien tiene más de treinta años en contacto con la realidad penitenciaria venezolana.
Los presos trasladados el miércoles estuvieron desde la primera semana de noviembre en un retén de la Policía Nacional de La Yaguara, que anteriormente era un albergue para menores infractores.
Explicó que, con la intervención de siete internados judiciales, llevada a cabo desde septiembre por el ministerio de Relaciones Interiores, la población penal del retén de la Zona 7 ha crecido hasta superar el millar de reclusos.
Indicó que la capacidad instalada es para doscientas personas. En su criterio, esta edificación -inicialmente construida para uso industrial y de oficina- es ahora el reclusorio más grande de Caracas.
El incidente del miércoles ha revivido la exigencia de que esta instalación sea sacada de Boleíta.
“Esto nunca debió suceder, más con el precedente terrible de la fuga masiva de presos que hubo allí hace cuatro años”, afirmó la directora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Nancy Hernández.
Dijo que lo ocurrido en el colegio puso en riesgo la integridad física de dos mil menores de edad.
“Siete instancias del Estado tendrían alguna responsabilidad por esta situación. Pero nadie respondió, y al final solo los padres tuvieron que ir a sacar a sus hijos. ¿Quién dio la orden de invadir y violar el espacio educativo?”, dijo.
Reveló que a las 11 am se presentaron en el colegio dos jueces con jurisdicción para niños y adolescentes, que se habían enterado por las redes de lo que sucedía.
Según Hernández, era poco lo que el director del colegio podía hacer, toda vez que él “no tiene el poder de las armas que portaban los militares”.
La federación está recopilando información sobre lo ocurrido para formular una denuncia ante el Ministerio Público.
“Ese centro tiene que ser cerrado y trasladado a otro sitio”, afirmó.