Un tuit contra la historia

En profundidad

@javiermayorca

El domingo 21 de noviembre, todo parecía que iba a marchar de una forma inusitadamente tranquila. Hasta que, poco después del mediodía, frente al centro de votación instalado en una pequeña escuela del estado Zulia, aparecieron los mismos actores de siempre.
Los relatos de los testigos presenciales y de algunos sobrevivientes coinciden en la esencia: estos individuos, que iban en camionetas de alta gama y en motocicletas, “manifestaron que allí nadie iba a votar, y que no podían estar”. Como la gente reviró, hicieron “múltiples disparos en contra de los presentes”.
Los videos transmitidos a través de las redes sociales indican que, con las detonaciones, la mayoría corrió a buscar resguardo. Muchos de ellos irrumpieron en la unidad educativa Eduardo Emiro Ferrer, con la esperanza de que los efectivos de la Operación República los protegieran.
Afuera, quedó el cadáver de Antonio José Tovar Villasmil, un ingeniero metalúrgico de 34 años de edad. Fue impactado por un proyectil en el costado izquierdo. Otras dos personas resultaron heridas en las piernas.
El director de la policía judicial, Douglas Rico, emitió en su cuenta Instagram tres informaciones al respecto en un lapso de muy pocas horas. Confirmó el saldo de un muerto y dos heridos; anunció el traslado de una comisión desde Caracas para investigar este caso, y de paso se permitió adelantar que “las primeras pesquisas desvinculan el hecho con el proceso que se lleva a cabo”.
Comenzó aquí a establecerse una narrativa que posteriormente fue reforzada por el ministro de Relaciones Interiores, almirante en jefe Remigio Ceballos. El funcionario reaccionó ante un mensaje emitido vía Twitter por Tamara Taraciuk, subdirectora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien alertó sobre “ataques por colectivos armados en el contexto electoral en Venezuela”. Aunque el de resultado más grave fue el reportado en el municipio San Francisco del Zulia, a propósito del referido tiroteo, el mismo día hubo otros incidentes sin saldos fatales en Cabudare (Lara) y en Mérida.
El trino de Ceballos despachó casi veinte años de historia patria: “(…) en Venezuela no existen colectivos armados”. Y, como hizo poco antes el director de Cicpc, también desligó lo ocurrido en Zulia del evento electoral.
Para el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, la reacción de estos funcionarios es consecuencia del propósito de Maduro por ofrecer otra imagen de su régimen ante la comunidad internacional.
“Quieren maquillar el país. Saben que están en observación, no solo por parte de la Unión Europea, sino también por la Corte Penal Internacional”, recordó.
Dieciocho días antes del evento electoral, el fiscal ante la CPI Karim Khan notificó al propio Maduro sobre la decisión de esa instancia de pasar el expediente Venezuela 1 a una fase de investigación en la que podrían determinarse responsabilidades individuales por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el lapso 2014-2017. Según la explicación del director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, lo más importante en este proceso será llegar a la las personas que establecieron las pautas de comportamiento que hicieron posibles las atrocidades, por cierto, ya documentadas en la etapa preliminar.
La frase de moda es “cadena de mando”. En la Fuerza Armada, el último eslabón es el sargento que accionó el gatillo, y el primero es el Comandante en Jefe, tal y como se puede apreciar en las carteleras colocadas en las garitas de las unidades militares de todo el país.
Pero en el caso de los colectivos, la situación es más complicada. La negación de Ceballos obliga entonces a consultar si en realidad estas agrupaciones tienen alguna vigencia.
“Los colectivos sí existen. Están en diversos estados y tienen diversas funciones. Pero sobre todo se activan cuando son requeridos para intimidar a la población”, explicó Briceño León.
Los videos y testimonios sobre el incidente del domingo muestran que el tiroteo frente al centro de votación fue precedido por amenazas. Es probable que la gente creyera que el grupo armado no llegaría tan lejos, tomando en cuenta que muchos de los que esperaban en la cola para ejercer sufragio conocían a los matones.
La institución que dirige Briceño ha desarrollado una línea de investigación sobre los colectivos. Una de las conclusiones es que actualmente estas agrupaciones “actúan sobre directrices políticas diferentes a lo interno del partido de gobierno”.
En otras palabras, según el representante del OVV, los colectivos han tenido que marcar distancia del gobierno central.
“Esa autonomía aumentó debido a la necesidad de buscar cierta independencia económica”, explicó.

Invasiones y extorsiones

El número de colectivos armados que hay en el país es una incógnita. En 2014, durante la gestión del general Miguel Rodríguez Torres en el ministerio de Relaciones Interiores hubo un intento por censarlos. Fueron identificados 99.
Este general fue removido del cargo luego de una operación en un edificio de la avenida Sur 2, que descabezó al colectivo 5 de Marzo, una organización surgida de las filas de la extinta Policía Metropolitana, comandada por el sargento José Miguel Odreman.
Según miembros del entorno del general, al conocerse la muerte del ex funcionario policial, los colectivos anunciaron que se movilizarían en Caracas para exigirle a Maduro la destitución del ministro. Y el gobernante accedió.
A cambio, Maduro ha solicitado en diversas oportunidades que estas agrupaciones cierren filas para defender a su régimen. La última vez fue en marzo de 2019, cuando el país entraba en una crisis de gobernabilidad consecuencia de un prolongado apagón.
“Le hago un llamado a los colectivos. A todos. Llegó la hora de la resistencia activa”, dijo en una alocución.
La existencia de los colectivos -que ahora niega Ceballos Ichaso- fue documentada por la Comisión para la Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas. El primer informe de este grupo independiente, presentado en septiembre de 2020, responsabiliza a estos “grupos civiles armados” por la muerte de siete personas que participaban en manifestaciones antigubernamentales. La directora de la misión, Marta Valiñas, comentó en octubre de 2020 que los colectivos ameritaban un capítulo especial.
Pero estas organizaciones no operan solamente en el estado Zulia, como se vio el domingo. En el municipio Libertador de Caracas, han liderado o participado en por lo menos 60 de las 80 invasiones a inmuebles reportadas durante 2021, de acuerdo con datos aportados por el activista comunitario Carlos Julio Rojas.
Indicó que los colectivos “son un poder”, que el oficialismo ha tratado de “homogeneizar” al incorporarlos a los llamados “cuadrantes de paz” (Cupaz).
Rojas añadió que los Cupaz desempeñan labores de control social y político, al condicionar la entrega de alimentos en los sectores más necesitados. Y también estarían participando en cobros a los comerciantes del municipio, a cambio de protección.
“Ellos crean sus propias leyes e imparten justicia (…) Cuando hay conflictos en las comunidades intentan crear cierto equilibrio”, afirmó.
En el caso del domingo, varios de los atacantes fueron reconocidos como funcionarios de cuerpos policiales municipales, aunque iban vestidos de civil. En Caracas, según Rojas, ocurre un fenómeno similar. Pero no todas las policías participan en estas agrupaciones.
“Hay colectivos en las FAES. Pero hay un conflicto evidente entre Cicpc y los colectivos”, indicó.
Al margen de esta situación, es claro que en apenas dos años y medio el Gobierno ha pasado de la convocatoria pública a los colectivos a negar su existencia de forma tajante. Esto podría indicar que, lentamente, Maduro intenta deslastrarse de otro factor que lo acercaría más a La Haya.